mediumgiant.dev
Sin embargo, dado que -como lo argumentamos en los capítulos 4 y 5- la ley 975 contenía importantes declaraciones de principio que reconocían los derechos de las víctimas, pero no disponía los mecanismos adecuados para su debida protección, la Corte precisó que la constitucionalidad de una rebaja de penas como ésa dependía de que la misma estuviera acompañada de una garantía adecuada y suficiente de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. En consecuencia, la Corte Constitucional reforzó en algunos casos y modificó en otros los mecanismos a través de los cuales han de garantizarse cada uno de esos derechos, y le puso así importantes? dientes? a la ley de justicia y paz, de los que antes carecía. Dada la trascendencia de estos cambios, en la segunda, tercera y cuarta sección del capítulo, analizaremos detenidamente las decisiones de la Corte referentes, cada una, a los derechos a la justicia, la verdad y la reparación. Por último, dedicaremos la quinta sección del capítulo a analizar los retos que deja la nueva ley de justicia y paz tras su revisión por la Corte Constitucional.
La Operación Orión fue un operativo militar llevado a cabo entre el 16 y el 17 de octubre de 2002 por miembros de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional de Colombia con apoyo de la Fuerza Aérea de Colombia y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 2, en la comuna 13, zona 4, Comuna 13 San Javier de la ciudad de Medellín. LEY 782/2002. Disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica DECRETO 128 DE 2002. 22 de enero de 2003 Que la norma anteriormente citada dispone que las personas desmovilizadas bajo el marco de acuerdos con las organizaciones armadas al margen de la ley o en forma individual podrán beneficiarse, en la medida que lo permita su situación jurídica, de los programas de reincorporación socioeconómica que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. DECRETO 3360 DE 2003. Cuando se trate de desmovilización colectiva en el marco de acuerdos con el Gobierno Nacional, la calidad de miembro del grupo armado organizado al margen de la ley de que se trate, se acreditará mediante una lista de desmovilizados suscrita por los voceros o miembros representantes de dicho grupo, en la que se reconozca expresamente tal calidad.
La ley 975 tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la ley 782 de 2002. si quieres saber mas sobre esta ley:...
Por estos hechos, en 2009 el Tribunal Superior de Antioquia condenó a Mancuso a 40 años de cárcel y a pagar una remuneración económica. Cabecilla del BLS. Fue condenado por narcotráfico en 2000, luego de lo cual asumió el mando de las estructuras que operaban en el departamento de Nariño. Su nombre ha estado involucrado en la conducción de al menos ocho grupos paramilitares que perpetraron numerosas masacres como la de Mapiripán.